El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia
sobre la mujer y doméstica -Convenio de Estambul- ha entrado en vigor
el día 1 de Agosto de 2104 en España, aunque no supondrá ninguna
reforma jurídica. Aunque España
ya publicó el convenio en el Boletín Oficial del Estado el pasado 6 de junio,
este marco jurídico común entra en vigor en esa fecha una vez alcanzado el
número mínimo de diez estados miembros que lo han ratificado. Hasta ahora, lo
han ratificado Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca,
Italia, Montenegro, Portugal, Serbia, España y Turquía.
España
se suma a este compromiso político de lucha contra la violencia de género y por
la igualdad, que supone el primer instrumento de carácter vinculante en el
ámbito europeo en esta materia y el tratado internacional de mayor alcance para
hacer frente a esta lacra.
La violencia
contra la mujer se reconoce como una violación de los derechos humanos y como
una forma de discriminación, considerando responsables a los estados si no
responden de manera adecuada. Entre los fundamentos del convenio están el de
prevenir la violencia, proteger a las víctimas y entablar acciones judiciales
contra los agresores. Además, incluye sensibilizar y hacer un llamamiento a toda
la sociedad, especialmente a los hombres y niños, para que cambien de actitud y
rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de
género y la violencia que la causa.
Destaca la
importancia de una actuación coordinada de todos los organismos y servicios
oficiales pertinentes y la sociedad civil y establece la recogida de datos
estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la
mujer.
El
convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer:
la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación
genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la
esterilización forzada. Esto implica que los estados deberán introducir en sus
sistemas jurídicos estos delitos, que España ya los incluye en su ordenamiento.
El
matrimonio forzado se introduce como delito en el proyecto de Ley Orgánica de
reforma del Código Penal, que está tramitándose en el Congreso.
El
convenio recoge medidas ya consolidadas en España como la formación de los
distintos colectivos de profesionales que intervienen en las situaciones de
violencia de género, el teléfono 016 y un sistema de información estadística de
datos relativos a violencia de género.
